La Privatización y el Derecho Humano: Al Agua & Saneamiento.

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1a Parte. Por Gloria T. de Garza

Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A. C.

En ediciones anteriores de la revista electrónica Agua&Ambiente se publicaron cinco artículos de la autora intitulados:

  • “La Privatización de los Organismos Operadores de Agua en el Mundo”
  • “La Remunicipalización de los Organismos Operadores de Agua en el Mundo”
  • “Experiencias Mexicanas en la Privatización del Agua”
  • “Privatización y Remunicipalización del organismo operador de Ramos Arizpe, Coahuila” y
  • “Privatización del organismo operador de Saltillo”.

En esta ocasión presentamos la primera parte de un artículo sobre el tema del derecho humano al agua y al saneamiento, la cual contiene una breve revisión de las obligaciones que este derecho conlleva para los países y del estado actual del suministro de agua y del saneamiento en el mundo y en México. En la segunda parte abordaremos los avances en la implementación del DHAyS y presentaremos un punto de vista ciudadano sobre las experiencias de privatización en nuestro país en relación al mismo.

1. Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y obligaciones para los países

El derecho humano al agua y al saneamiento fue reconocido por las Naciones Unidas en julio de 2010. Este derecho, que aplica únicamente al acceso, disposición y saneamiento de agua para fines personales y domésticos, comprende tres elementos básicos que se habían definido previamente en el párrafo 12 de la Observación general 15 (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ONU, 2002):

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)14. También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.”

b) La calidad. El agua necesaria para uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua deberá tener color, olor y sabor aceptables para los usos personales o domésticos.”

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado-Parte.

La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

i) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

ii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

iv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.”

Además, los Estados tienen las siguientes obligaciones legales específicas, también definidas en la Observación General 15 (ONU, 2002):

a. La obligación de respetar (párrafos 21, 22 y 44a): el Estado deberá abstenerse de obstaculizar de manera arbitraria el acceso al agua, de afectar los sistemas tradicionales de abastecimiento, y de contaminar o sobreexplotar las fuentes; en consecuencia, se consideran violaciones del derecho al agua la interrupción o desconexión arbitraria o injustificada de los servicios o instalaciones de agua, los aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio del agua y la contaminación y disminución de los recursos de agua en detrimento de la salud.

b. La obligación de proteger (párrafos 23, 24 y 44b): el Estado deberá impedir que otros sujetos, por ejemplo las empresas privadas, limiten u obstaculicen el acceso al agua, y contaminen o sobreexploten las fuentes; en consecuencia, se consideran violaciones del derecho al agua no promulgar, o no hacer cumplir las leyes correspondientes, para impedir la contaminación y la extracción no equitativa del recurso, no regular y no controlar eficazmente los servicios de suministro y no proteger los sistemas de distribución de agua de la injerencia indebida, el daño y la destrucción.

c. La obligación de cumplir (párrafos 25-29 y 44c): el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para facilitar, promover y en su caso hacer efectivo el derecho de todo individuo a acceder al agua; en consecuencia, se consideran violaciones del derecho al agua no adoptar o ejecutar una política nacional encaminada a garantizar universalmente el derecho, asignar fondos insuficientes o asignarlos en forma incorrecta con el resultado de menoscabar el disfrute del derecho por personas o grupos, no vigilar el grado de implementación del derecho (por ejemplo mediante indicadores y niveles de referencia), no adoptar medidas contra la distribución no equitativa de las instalaciones y los servicios de agua, no establecer mecanismos de emergencia, no conseguir que todos disfruten del derecho al agua en el nivel mínimo indispensable y no tener en cuenta las obligaciones jurídicas internacionales con respecto al derecho al agua al concertar acuerdos con otros Estados u organizaciones internacionales

En el cumplimiento del DHAyS, los Estados deben adoptar medidas concretas y deliberadas, utilizando el máximo de los recursos disponibles para avanzar progresivamente en la satisfacción de este derecho, y en todo caso, abstenerse de adoptar medidas (injustificadas) que supongan un retroceso en los estándares de protección alcanzados respecto del derecho.

Además, en numerosos tratados internacionales se estipula que los Estados-partes están obligados a sancionar a los que no cumplen con las obligaciones consagradas en el propio tratado, incluyendo las actividades relacionadas con el desperdicio, la contaminación y la limitación ilícita del acceso al agua, así como los daños y destrucción de servicios e infraestructuras hídricas (CICMA, 2015a y CICMA, 2015b).

Un informe de CEPAL (Jouravlev y Solanes, 2007), establece que:

“…Es importante distinguir entre las obligaciones en materia de derechos infanciahoy_com_5008_1142010_miones4humanos que se relacionan con el acceso al agua como un recurso natural y aquellas vinculadas con el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. El acceso al agua como un recurso natural puede constituir un derecho humano bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando se trata de usos ancestrales de los asentamientos indígenas y campesinos, o en el caso de la extracción manual para usos humanos básicos. Sin embargo, no todos tienen necesariamente derecho al agua como un recurso natural cuando existe escasez de agua o cuando no se pretende hacer un uso efectivo y beneficioso del recurso. Por ello es crucial implementar criterios legales apropiados que regulen el acceso a los recursos hídricos por parte de los agentes económicos, y reconozcan y protejan los derechos y usos ancestrales.

El acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, debería ser equitativo y no discriminatorio, adecuado en calidad y cantidad, sostenible desde una perspectiva económica, social y ambiental y financieramente asequible. Esto último no significa que esos servicios deben ser gratuitos, sino que las personas con capacidad de pago paguen tarifas razonables que reflejen costos eficientes, y que los pobres cuenten con un efectivo sistema de subsidios que garantice los consumos mínimos básicos. Cabe destacar además que entre las obligaciones de los Estados están las de proteger a las personas contra las desconexiones de agua y la contaminación, prohibir a particulares y empresas privadas que infrinjan derechos de otros, asignar recursos que favorezcan el acceso y la calidad o atender a grupos como las mujeres, las minorías y los pueblos indígenas.

Puesto que estos servicios son caros y los niveles de pobreza e indigencia en la región son elevados, los pobres no podrán ejercer su derecho humano al agua si no reciben un apoyo estatal bien organizado. Por ello las prioridades gubernamentales son muy importantes y deben reflejarse en el presupuesto del Estado y en la construcción de instituciones eficientes y estables.

La eficiencia reduce los costos, lo que implica mayores oportunidades de uso. Al encarecer artificialmente los costos, la ineficiencia daña la equidad. Por consiguiente, eficiencia y equidad no son criterios antagónicos sino complementarios. En este sector, la eficiencia depende fundamentalmente del marco regulatorio y las condiciones del entorno. De este modo, la importancia que los gobiernos asignan al derecho humano al agua se refleja en la seriedad con que abordan el tema de la regulación y fomento de la eficiencia…”

No ha sido fácil para los países implementar el DHAyS, por las implicaciones que conlleva. A más de cinco años de su promulgación en la Asamblea de la ONU, muchos países ni siquiera lo han integrado en su Constitución. México lo hizo el 8 febrero de 2012, al publicar en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto, por el que se adiciona un párrafo sexto, al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Dicho párrafo 6° establece:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

El artículo transitorio tercero del decreto mencionado indica que:

Tercero.- El Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas.”

Dicha Ley no se ha emitido, a pesar de que el plazo contemplado se cumplió el 3 de febrero de 2013. Sin embargo, el derecho humano al agua y al saneamiento debe respetarse, por estar ya incluido en la Constitución; y los ciudadanos pueden presentar quejas ante las Comisiones Estatales y Nacional de Derechos Humanos cuando consideren que las autoridades locales y/o los organismos operadores están violando su derecho humano al agua y al saneamiento.

2. Estado actual del suministro de agua en el mundo y en México.

El tema es muy amplio, por lo que nos limitaremos en esta sección a dos aspectos: a) la disponibilidad de recursos de agua por país, y b) el cumplimiento con la meta 7C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas (ODM, 2015): “Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”. Esta meta contempla dos indicadores: el 7.8: Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable; y el 7.9: Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados.

En cuanto a la disponibilidad de recursos de agua dulce, México ocupa un lugar intermedio en el mundo. De una lista de 148 países publicada en el libro “Water in Crisis” (Gleick, 1993), nuestro país ocupaba el lugar 65 en cuanto a los metros cúbicos utilizables por persona y por año. La disponibilidad per cápita en Islandia, que es el país más rico en agua era 150 veces mayor que la de México; país que a su vez tenía 140 veces más recursos de agua dulce que Egipto, y mucho más que Kuwait y Bahrain, que prácticamente no disponen de agua dulce y tienen que hacer uso de la desalación de agua de mar. En cuanto a la calidad del agua potable, el lugar que ocupa México a nivel mundial es muy bajo: el 106 entre 122 países.

Dentro de nuestro país, la disponibilidad de agua tiene una variación muy amplia: en los estados norteños, que tienen el 50% de la superficie llueve el 25% del total. En los estados del sur-sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco), que ocupan el 27.5% del territorio, cae la mitad de la lluvia del país (49.6%). Los extremos de precipitación pluvial corresponden a Baja California, con 199 mm por año y a Tabasco con 2588 mm.

En cuanto al cumplimiento con los ODM para el acceso al agua de buena calidad en el mundo, se ha conseguido un aumento de 2,300 millones de personas con respecto a los niveles de 1990; pero alrededor de 800 millones carecen todavía de este servicio. Los avances en el saneamiento, cuya ausencia propicia el desarrollo de enfermedades diarreicas e infecciosas, son mucho menores, ya que actualmente 2,500 millones de personas carecen de elementos básicos como inodoros o letrinas.

De acuerdo a las cifras disponibles del censo de 2010, en nuestro país la mayor parte de la población (90.9% en total, 95.6% en zonas urbanas y 75.7% en zonas rurales) cuenta con agua entubada que previamente fue desinfectada o potabilizada para su uso. La cifra de 90.9% sobrepasa la meta comprometida con los ODM (89.2%). El acceso a alcantarillado se incrementó de 58.6% en 1990, a 87.7% (95.0% en zonas urbanas y 63.6% en zonas rurales) en 2010, cifra superior a la meta comprometida para los ODM (79.3%).

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En el contexto del día Mundial del Agua (Milenio, 2014), se mencionó que en México 9 millones de personas no tenían acceso al agua y que 13 millones más la recibían contaminada.

También es importante tener en cuenta que la cobertura es muy dispareja dentro del territorio nacional. Los estados más avanzados (>95%) en agua potable son: Aguascalientes, Colima, Coahuila, Tlaxcala, Distrito Federal, Yucatán, Nuevo León, Sonora, Baja California, Tamaulipas y Jalisco; en alcantarillado sólo el Distrito Federal, Colima, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León y Coahuila tienen porcentajes superiores a 95%. Los más rezagados (<80%) son: en agua potable, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero; y en alcantarillado, San Luis Potosí, Yucatán, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En conclusión, México no es el país más adelantado en el cumplimiento con las metas de los ODM para agua y saneamiento, pero tampoco es el más atrasado, y dentro del país hay diferencias importantes.

Debido a que todavía queda mucho por hacer en el mundo en cuestión de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas plantearon, en julio de 2014, 17 objetivos en su Agenda Post-2015 (SRE, 2014). El 6°, “Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos”, se relaciona específicamente con el tema que nos ocupa en este artículo: Debido a que México suscribió la Agenda Post-2015, está obligado a cumplir con este objetivo.gotita a&a

Referencias

Nota: Todos .los documentos, disponibles en internet, se consultaron por última vez en septiembre de 2015.

Autor: Agua&Ambiente

agua&ambiente es una revista digital mensual y gratuita. Nuestra misión es publicar y difundir información acerca de agua, medio ambiente, cultura ecológica y otros temas relacionados.

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