Reordenamiento del Sistema de Distribución de la CDMX (2da parte).

 CUTZAMALA

PARA CUMPLIR CON EL DERECHO HUMANO AL AGUA 

Por: Ing. Julio Millán Soberanes. (LEER PRIMERA PARTE).
2.3 Calidad. 

Además de que se recibe menos agua, que no todos la reciben permanentemente y que su distribución es desigual, la mayoría de la población no consume el agua de la llave por desconfianza en su calidad.

El origen de esta problemática lo tiene claro la autoridad: los altos índices de alcalinidad, de potencial de hidrógeno, excesos de nitrógeno amoniacal, presencia de fierro y manganeso etc. que generan apariencia de rechazo en el líquido. Se ha planteado también que cuando las tuberías se vacían porque no hay agua suficiente por baja presión o por insuficiencia de caudal, la penetración de aguas freáticas o residuales provoca la contaminación.

El Observatorio Hídrico de la UNAM y un reportaje de la BBC coinciden en afirmar que el 81% de los consumidores compran agua embotellada (en la ciudad de México este indicador es del orden del 77%), situándose nuestro país como el primer consumidor a nivel mundial, con cerca de medio litro por día (Fig. 13). El consumo de agua embotellada representa entre el 5 y 10% de los ingresos de la población, aumentando a 20% entre los más pobres. Por su parte la observación No. 15 de la ONU plantea este índice en 3% como máximo.

Fig. 13. Frente a la mala calidad del agua, la población recurre al consumo del agua embotellada
2.4 Subsidios

Como se advierte en los renglones anteriores, se cuenta con menor cantidad de agua, hay más tandeos, la distribución es inequitativa y la calidad de agua no es buena; a ello hay que agregar la situación de pobreza de la mitad de la población, golpeada por un entorno actual y futuro de menor crecimiento económico y menor generación de empleos de calidad.

La integración de tarifas cruzadas debe entonces considerar los gastos de operación y financieros, el volumen del consumo y, de una manera muy significativa, el poder adquisitivo de los consumidores. Los subsidios deben desaparecer por completo para aquellos que no lo necesiten.

En la Ciudad de México, 1.5 millones de personas de bajos recursos se encuentran en tandeo, por lo que cerca de 400 mil hogares deben gozar del subsidio; aunque a ellos habría de agregarse unos 700 mil más que se sitúan en pobreza. El porcentaje del subsidio dentro de la estructura tarifaria ha pasado de 50 % en 2006 a 40 % en 2011. Esta reducción debe tener como límite la protección de los más vulnerables. Las tarifas deben seguir siendo subsidiadas para la población de bajos recursos, que representan 50 % o más de los hogares.

Para los grandes consumidores que hacen negocio con el agua, la tarifa debe tratarse como si el líquido fuera un insumo o materia prima que genera utilidad o ganancia. En todo caso los industriales deben evitar las descargas de aguas servidas, tratarlas a nivel terciario y terciario avanzado, y reusarlas según sus necesidades. Dichas empresas deben ser autosuficientes.

Es este uno de los puntos que permiten afirmar que la desigualdad en nuestro país no solo se observa en los ingresos, sino que también en la disponibilidad de servicios urbanos, en este caso concreto, el del agua.

Nota relacionada: Fragmentación de Impactos Mega-Urbanos y umbrales hídricos.
2.5 Tentación de privatizar el servicio

La tentación por entregar más actividades o partes del proceso técnico administrativo a las empresas extranjeras, debe ser vista a la luz de las propias experiencias ocurridas en varios países de América Latina, México incluido.

En 2007, la División de Medio Ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó en un Informe que la mayoría de los operadores internacionales se han retirado de la región y que un gran número de servicios ha sido re-estatizado, debido a que estos organismos abandonaron el negocio por: a) así exigirlo sus intereses estratégicos en el contexto mundial, b) la llegada de gobiernos adversos a la política de privatización, c) procesos oscuros de licitación e incremento de las tarifas que originaron protestas sociales y d) el incumplimiento de compromisos contractuales al no valorar correctamente las empresas el logro de sus ganancias.

Un ejemplo próximo lo tenemos con Aguas de Saltillo, que opera en Coahuila. Su actuación está signada por: a) la falta de certificación de la calidad sanitaria del agua potable, b) varios incrementos de tarifas por encima del índice inflacionario, c) elevación de su eficiencia en la cobranza aplicando sistemáticamente cortes a porcentajes de hasta 25% del padrón de los usuarios en un año, por moras en el pago mayores a 2 meses, y d) propuesta de soluciones anti-ambientales como la perforación de pozos para cubrir los déficits de sus fuentes de abastecimiento o los trasvases, en lugar de instrumentar campañas en pro del ahorro y buen uso del agua y eliminar fugas.

La propuesta de privatizar el sistema de agua del D.F. debe ser retirada, porque las empresas privadas al no ver cumplidas sus expectativas de ganancia, no están en condición de garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua. Por supuesto que en circunstancias tales, la reacción de las empresas privadas sería más adversa por su falta de sensibilidad, como el mismo reporte del BID lo señala y como lo atestigua claramente el caso de Aguas de Saltillo.

Nota relacionada: Experiencias mexicanas en la privatización de Organismos Operadores de Agua.

 

En este sentido es claro que el discurso de la eficiencia empresarial y la entrega de áreas y 99398_origactividades al sector privado debe tener como límite las acciones restrictivas de “cortes” a la población de escasos recursos y el incumplimiento del Derecho Humano al Agua, más aun tratándose de empresas como el SACMEX, que por lo demás debe ser fortalecida como empresa estatal en todas sus áreas y procesos. Por supuesto que los grandes consumidores deben ser sujetos de un trato especial, en tanto que su meta es utilizar el agua como una mercancía o como un negocio. Las industrias con alta demanda de agua deben ser obligadas a consumir el mínimo de agua municipal, revisar la vigencia de sus concesiones para usufructo de pozos y requerir la “descarga cero” de efluentes, con el reuso del agua servida.

Este asunto es centro de preocupación a nivel mundial. Muestra de ello es la afirmación del Papa Francisco:

  • “Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso es­caso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamen­tal y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el de­recho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con más aportes econó­micos para proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. Pero se advierte un derroche de agua no sólo en países desarrolla­dos, sino también en aquellos menos desarrolla­dos que poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad.” 
2.6 Desequilibrio Hidrogeológico

Fig14Se ha planteado el desequilibrio hidrogeológico como factor que dificulta la eliminación de fugas. Mientras se preserve el viejo modelo de extraer el agua de notables profundidades, el subsuelo seguirá acomodándose y sufriendo agrietamientos y su impacto sobre toda la infraestructura de buena parte de la ciudad se mantendrá. De tal suerte que las redes de distribución continuarán dislocándose y seguirán las fugas.

FIG 15Es menester que, junto con la reparación de la tubería, se inicie un proceso sistemático y paulatino de cancelación de pozos. Las velocidades de hundimientos son tan notables en las porciones norte y sur del oriente de la ciudad, como las ocurridas a mediados del siglo pasado, mismas que dieron paso a una veda, la cual permitió atemperar los acelerados ritmos de hundimiento de aquel periodo. Los últimos registros dados a conocer en 2007, indican que la zona nororiente de Iztapalapa y la región oriente del ex Lago Chalco- Xochimilco, acusan velocidades de deformación variables entre 30 y 35 centímetros cada año (Fig. 14). Es posible que en los años recientes este ritmo se mantenga, lo que podría saberse cuando Sacmex proporcione información actualizada. Mientras tanto la afectación social, económica y ambiental se mantendrá y posiblemente aumente.

Gran parte de estas anomalías ocurre por desgracia en territorios en donde se asienta FIG 16gran parte de la población de escasos recursos, aunque no solo impacta la infraestructura doméstica. Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo A. Madero son las delegaciones de mayor afectación. A la desigual distribución y mala calidad hay que agregar los pagos históricos que los dueños de viviendas deben desembolsar recurrentemente para arreglarlas, aun sin ser responsables. Se ha estimado que existen cerca de 15 mil viviendas afectadas por hundimientos y grietas del subsuelo en Iztapalapa.

FIG 18FIG 17

2.7 Puntos vulnerables en relación con el cumplimiento del DHA

Hemos visto que el modelo de distribución del agua potable tiene un largo camino que recorrer para cumplir con los preceptos del Derecho Humano al Agua. Los puntos vulnerables de esta problemática son los siguientes:

3. Algunas propuestas de Transición para un Modelo Alternativo de Distribución.

Las consecuencias del viejo manejo del agua son un freno para garantizar el Derecho Humano al Agua. Los programas y propuestas que ese patrón hidráulico ofrece son ya insuficientes e ineficientes para resolver tan compleja problemática. Por eso “programas van y programas vienen” y los avances son insignificantes.

El actual sistema de distribución no ha podido corregir la desigual dotación de agua potable entre y dentro de las delegaciones del DF. Tampoco ofrece un panorama optimista a futuro en la medida en que la infraestructura de transportación es muy antigua, está multifracturada y necesita de grandes recursos para su renovación. El “tandeo” limita aún más una distribución equitativa, en tanto que la cuestionable calidad del líquido obliga a los consumidores, especialmente a los más pobres, a gastar más en agua embotellada.

En el lado opuesto, los grandes beneficiarios de esta situación son las industrias y las compañías refresqueras, que gozan de tarifas de grandes consumidores que no tienen en cuenta que la ganancia es su gran meta. Situación similar sucede con las grandes desarrollos inmobiliarios que siguen apareciendo día con día en toda la Ciudad.

Este manejo inequitativo para millones de personas y ventajoso para unos cuantos, fuente de desequilibrio ambiental de la cuenca y de descontento entre habitantes de cuencas vecinas y con altos costos económicos, debe ser modificado lo más pronto posible.

Entre más rápido inicie la transición hacia un modelo sustentable y compatible con el Derecho Humano al Agua y con la Constitución, los altos costos y su ineficiencia disminuirán y las expectativas inminentes de crisis se irán alejando.

Es necesaria y urgente una mesa plural de acuerdos por el agua entre las autoridades del GDF, las Delegaciones, los diputados de la ALDF, los representantes vecinales, organismos no gubernamentales, organizaciones de académicos e investigadores y los grandes usuarios.

Mientras tanto, aprovechando la modernización de los sistemas de macromedición es urgente iniciar el ajuste paulatino y ordenado de esta desigual distribución entre Delegaciones y entre sus habitantes. Por supuesto, deberán construirse los sistemas faltantes de bombeo en las zonas elevadas.

Es necesario invertir de inmediato en programas de corto y mediano plazo para la renovación de la red; los sitios de fracturas se encuentran identificados plenamente en cada delegación. Física y financieramente es factible avanzar en la renovación de un tercio de la red. El fideicomiso 1928 y otros fondos federales pueden jugar un papel trascendental para reasignar recursos a estas grandes obras que son de interés esencial para la población metropolitana.

La renovación de la red debe atenderse de manera integral, resolviendo simultáneamente el desequilibrio hidrogeológico que induce deformaciones en el subsuelo y arrastra contaminantes por la sobreexplotación. También debe frenarse el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios para vivienda, oficinas y comercio alentados por la reciente política federal de “crecer verticalmente”, lo cual demanda concentraciones de grandes volúmenes de agua.

La factibilidad hidráulica debe exigir criterios mucho más rigurosos y las Delegaciones deberán extremar cuidados en el cumplimiento de la normatividad; al respecto la participación y vigilancia ciudadana se vuelve primordial para garantizar estas medidas, de acuerdo a lo planteado por el Derecho Humano al Agua y por nuestra Constitución.

El subsidio a las tarifas para la población en pobreza debe permanecer y retirarlo en aquellos sectores de más altos ingresos. Desde la Legislación deben buscarse instrumentos para resarcir el daño a las viviendas, provocados por la evolución de grietas y hundimientos en el subsuelo, sobre todo en aquellos casos en el que las construcciones se encuentren en alto riesgo. Las empresas que lucran con el agua deben desarrollar en el corto plazo procesos tecnológicos que garanticen un tratamiento óptimo a sus aguas servidas, de tal manera que la descarga al drenaje sea “cero” liberando así agua potable. Al mismo tiempo debe revisarse la vigencia de su concesión.gotita a&a

Autor: Agua&Ambiente

agua&ambiente es una revista digital mensual y gratuita. Nuestra misión es publicar y difundir información acerca de agua, medio ambiente, cultura ecológica y otros temas relacionados.

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