El Derecho Humano al Agua y Saneamiento, que establece la ley

Por: Pedro I. González Martínez

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El agua es un derecho establecido en la Constitución Mexicana.

En 2012, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política, que eleva a rango constitucional el derecho de acceso al agua.

En la Carta Magna se establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

El documento enviado por la Comisión de Puntos Constitucionales señaló que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de los tres niveles de gobierno y de la ciudadanía”.

En la sesión ordinaria en San Lázaro, se aprobó el dictamen que plantea garantizar el derecho fundamental para que la población tenga acceso al agua, sin que esto sea motivo de “privatización” (este término se usa sólo cuando una empresa privada es dueña de todas las instalaciones del servicio, en México esto no procede por ley) sino a favor del mejor aprovechamiento con la participación de la sociedad en la planeación, gestión y control del vital líquido.

Con el derecho al agua establecido en la Constitución, se prevé que el abastecimiento sea suficiente, adecuado y de calidad, conforme a las necesidades básicas de cada persona para consumo humano, además de ser accesible en su costo.

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países (en particular a los países en vías de desarrollo) a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

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El Estado mexicano y los municipios no pueden indefinidamente soportar la carga creciente del financiamiento de los servicios del agua, como ya se ve hoy en día.

“El futuro de las ciudades de México se avista problemático en términos de abastecimiento de agua determinado por el crecimiento demográfico y los factores relacionados con el cambio climático. Las ciudades deben implementar esquemas de ciclo cerrado, donde el agua se reutiliza y recicla, se captura el agua de lluvia, se mitigan los efectos de tormentas por medio de infraestructura de drenaje adecuada y se tratan las aguas residuales para reintegrarlas al ambiente”.

La existencia de esta brecha futura implicaría actividades productivas que no podrían realizarse por falta de agua. El agua es entonces un factor para el desarrollo de nuestras entidades o para su decadencia.

Los organismos que manejan el agua urbana podrían implementar herramientas que satisfagancutzamala esta necesidad humana para quien no puede pagar parcial o totalmente, o bien para aquellos usuarios que ahora no tienen el servicio del suministro oportuno con calidad y saneamiento, siempre y cuando se les permita establecer las tarifas con equidad. Que paguen lo que se requiera para esto o que se les dé la autonomía para establecer tarifas o para contratar con cualquier modalidad la gestión parcial o integral, ya que la ley permite esa autonomía a aquellos cuya estructura jurídica lo estipula; para el agua rural aún dentro de los Municipios, sí requerirán en la mayoría de los casos de forma permanente, del apoyo de los tres niveles de gobierno.

Respecto a suficiencia de abastecimiento de agua a todo ser humano, esto no es por voluntad de los organismos. Existen imponderables naturales como es la topografía, el clima, la disponibilidad, y el crecimiento de la población que redunda en la demanda; es ahí donde se tienen que implementar “los ciclos cerrados” de reutilización y reciclaje, de captura de agua de lluvia mediante redes adecuadas, de traer agua a distancia, de la desalación, de su tratamiento y disposición. Pero todo ello requiere de recursos económicos que cada día son más escasos, no sólo para los organismos si no para los gobiernos.

Esta es una razón por la que resulta importante el establecimiento de tarifas reales y equitativas, que provengan de una planeación de los organismos, de corto, mediano y largo plazo, así como de la autonomía para su diseño, autorización e implantación.

También es necesario algo que se ha dificultado pero que no resulta imposible y que es extraer las decisiones que se deben tomar en el agua del entorno político. Es ahí en donde se requiere hacer una labor de comunicación, de capacitación y que se implementen en la ley, ya que este recurso es un derecho humano.

Autor: Agua&Ambiente

agua&ambiente es una revista digital mensual y gratuita. Nuestra misión es publicar y difundir información acerca de agua, medio ambiente, cultura ecológica y otros temas relacionados.

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